Las recientes inundaciones en la
provincia de Buenos Aires reabren el debate, en el plano nacional, sobre la
necesidad de generar espacios en los cuales se trabaje en la elaboración de
planes de emergencias donde la prevención y la preparación para la respuesta son
clave.
Cuando se ven la consecuencias de
los fenómenos hidrometeorológicos y geográficos empezamos a escuchar hablar del
impacto del cambio climático mientras que los científicos prefieren hablar de
ciclos y variabilidad climática.
Situaciones como estas reflejan
la vulnerabilidad de ciudades y poblaciones enteras ante estos fenómenos y la necesidad
de incrementar la preparación de los organismos públicos para coordinar la
respuesta entre los distintos niveles de gobierno y las organizaciones de la
sociedad civil vinculadas a la materia.
Un tema determinante para generar
acciones concretas vinculadas a la prevención tiene que ver con la percepción
del riesgo. Esto es, cuan vulnerables nos sentimos ante la posibilidad de
ocurrencia de un hecho adverso o yendo un poco mas allá en el cuestionamiento
es, que probabilidad existe de ocurrencia de un evento adverso y que probabilidades
hay de que ese evento me afecte directa o indirectamente.
La mirada sobre el riesgo es
clave para poder lograr un sistema vinculado fundamentalmente a la prevención y
la preparación de la población.
La conciencia sobre las múltiples
amenazas y los riesgos a los cuales nos encontramos expuestos nos hacen variar
el modo de pensar y actuar, mientras más
baja es la percepción del riesgo la preparación de la población pierde espacio
y se debilita.
Antiguamente existía una mirada que
ponía el énfasis en la respuesta vinculada a los organismos públicos basados en
la doctrina de la defensa civil. De un tiempo a esta parte las ideas confluyen
en una corriente de pensamiento que se desarrolla en torno a un concepto
fundamental que se podría sintetizar en la protección ciudadana.
En materia de protección
ciudadana, la nueva doctrina sobre la Gestión del Riesgo define
el ciclo de los desastres y los desagrega en tres etapas bien identificadas: la
mitigación (que incluye prevención y preparación); la respuesta; y la recuperación
(que incluye rehabilitación y reconstrucción).
La gestión del riesgo que tiene
como fin contrarrestar las consecuencias de catástrofes y desastres, tanto de
origen natural como antrópico, determina asimismo, la necesidad de contar con políticas públicas
bien definidas mediante acciones concretas. Uno de los primeros pasos es la constitución
de los denominados “comité de emergencias”. En este orden de ideas podemos
afirmar que los planes que en su seno se generan tienen como objetivo aumentar
la capacidad de reacción gubernamental frente a las emergencias, evitando la dispersión
y superposición de esfuerzos, buscando maximizar la utilización de los recursos
asignados para este tipo de circunstancias.
La ciudad capital de nuestra
provincia tomó la iniciativa en el año
2010 al crear en el ámbito del gobierno municipal un área dedicada a esta
materia denominada “Prevención y Emergencias” con el rango de subsecretaría.
Esta oficina pública fue
determinante en la institucionalización de un sistema que permita que una acción
de gobierno se transforme en una política de estado.
Hace unos años desde el área
antes mencionada se hicieron importantes aportes para que el Concejo
Deliberante avance en la sanción de una ordenanza creando el Sistema Municipal
de Gestión del Riesgo.
Este marco jurídico y las
acciones realizadas en consecuencia permiten inferir que hoy la ciudad se
encuentra más preparada que antes, pero como visión podemos afirmar que la
ciudad de Salta estará realmente preparada cuando cada uno de sus habitantes
sepa que hacer en caso de un incidente de estas características.
El desafío esta en ser capaces de desarrollar un correcto
manejo de las emergencias partiendo desde una política gubernamental y que
incluya a las organizaciones de la sociedad civil y a la comunidad en general.
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